Pervez Musharraf accedió a la presidencia de Pakistán mediante un golpe de estado no sangriento. Tras los atentados del 11-S Pakistán se convirtió, por su posición geográfica y su potencial militar, en un firme e importante aliado de Estados Unidos en su guerra contra los fundamentalistas islámicos y Al-Qaeda. Musharraf hizo de Pakistán entonces una pseudo-democracia al gusto de EEUU pero acaparó todo el poder en su figura.
Hace apenas unos días , el 3 de noviembre, Musharraf declaró el estado de excepción por las "injerencias judiciales" y las medidas de los integristas islámicos. Justificó la decisión porque "el "sistema gubernamental del país estaba paralizado por las injerencias judiciales" y a causa del "choque entre las instituciones gubernamentales y el sistema judicial", por lo que se requiere de un "nuevo orden constitucional provisional".
El detonante ha sido que el Tribunal Supremo dudaba de la legalidad de las elecciones que reeligieron al general Musharraf por mayoría el pasado 6 de octubre. El Tribunal Supremo debía pronunciarse las próximas horas sobre la legalidad de esas elecciones. Musharraf ha suprimido libertades para oponerse abiertamente al Tribunal ante la perspectiva de anulación de dichas elecciones y ha puesto bajo custodia a su presidente junto con otros ochos magistrados.
Además Musharraf ha hecho uso de su cargo de jefe de las fuerzas armadas para detener a cientos de abogados , defensores de los derechos humanos y opositores y a día de hoy son más de 1000 los presos políticos derivados de la ley marcial.
El general Musharraf había prometido antes de las elecciones abandonar su cargo de jefe de las fuerzas armadas antes del 15 de noviembre. Pero esta promesa de convertirse en un presidente civil "ya no está vigente" después de la instauración del estado de excepción, declaró este lunes el viceministro de la Información, Tariq Azeem.
La opinión pública pakistaní ha observado la situación con desagradable sorpresa. La declaración del estado de excepción y la supresión de libertades y derechos es el primer paso para instaurar una dictadura. En palabras del el primer ministro Shaukat Aziz se aseguró que este decreto se prolongará "durante el tiempo que haga falta". Muchos medios locales consideran este hecho como el "segundo golpe de estado" del dictador. "Es la ley marcial", rezaba un titular del Daily Times. El diario Dawn iba más allá y enmarcaba los últimos sucesos en "
El segundo golpe de Musharraf", en recuerdo del golpe de Estado que ya le llevase al poder en 1999. Y es que, a tenor de lo visto, la acción de Musharraf va más allá de una medida contra los islamistas radicales y las "injerencias judiciales", destapándose como una iniciativa contra la oposición.
La ex primera ministra Benazir Bhutto, que regresó apresuradamente a Karachi (sur) desde Dubai tras conocer el estado de excepción, criticó ante los periodistas la decisión de Musharraf y la consideró en la práctica una "mini ley marcial". A la par, la aclamada Bhutto se sorprendió de que ella no haya sido detenida, pero lamentó y criticó con dureza que muchos de sus ayudantes o compañeros hayan sido puestos en custodia.
La opinión internacional también se ha mostrado disconforme con la medida de Musharraf. La proclamación del estado de excepción ha sido criticada duramente, entre otros, por la Unión Europea, Rusia y los Estados Unidos. Es precisamente la crítica de esta medida que se realiza desde los Estados Unidos, principal aliado de Pakistán, la que más sorprende. Condoleezza Rice calificó esta situación de "muy lamentable" pero aseguró que no iban a retirar el apoyo militar a este país porque su posición geográfica es muy importante en su lucha contra el integrismo islámico. Sin embargo también se asegura que "Estados Unidos respalda al pueblo de Pakistán en su apoyo a un proceso democrático y en el combate contra el extremismo violento".
Hace apenas unos días , el 3 de noviembre, Musharraf declaró el estado de excepción por las "injerencias judiciales" y las medidas de los integristas islámicos. Justificó la decisión porque "el "sistema gubernamental del país estaba paralizado por las injerencias judiciales" y a causa del "choque entre las instituciones gubernamentales y el sistema judicial", por lo que se requiere de un "nuevo orden constitucional provisional".El detonante ha sido que el Tribunal Supremo dudaba de la legalidad de las elecciones que reeligieron al general Musharraf por mayoría el pasado 6 de octubre. El Tribunal Supremo debía pronunciarse las próximas horas sobre la legalidad de esas elecciones. Musharraf ha suprimido libertades para oponerse abiertamente al Tribunal ante la perspectiva de anulación de dichas elecciones y ha puesto bajo custodia a su presidente junto con otros ochos magistrados.
Además Musharraf ha hecho uso de su cargo de jefe de las fuerzas armadas para detener a cientos de abogados , defensores de los derechos humanos y opositores y a día de hoy son más de 1000 los presos políticos derivados de la ley marcial.
El general Musharraf había prometido antes de las elecciones abandonar su cargo de jefe de las fuerzas armadas antes del 15 de noviembre. Pero esta promesa de convertirse en un presidente civil "ya no está vigente" después de la instauración del estado de excepción, declaró este lunes el viceministro de la Información, Tariq Azeem.
La opinión pública pakistaní ha observado la situación con desagradable sorpresa. La declaración del estado de excepción y la supresión de libertades y derechos es el primer paso para instaurar una dictadura. En palabras del el primer ministro Shaukat Aziz se aseguró que este decreto se prolongará "durante el tiempo que haga falta". Muchos medios locales consideran este hecho como el "segundo golpe de estado" del dictador. "Es la ley marcial", rezaba un titular del Daily Times. El diario Dawn iba más allá y enmarcaba los últimos sucesos en "
El segundo golpe de Musharraf", en recuerdo del golpe de Estado que ya le llevase al poder en 1999. Y es que, a tenor de lo visto, la acción de Musharraf va más allá de una medida contra los islamistas radicales y las "injerencias judiciales", destapándose como una iniciativa contra la oposición.La ex primera ministra Benazir Bhutto, que regresó apresuradamente a Karachi (sur) desde Dubai tras conocer el estado de excepción, criticó ante los periodistas la decisión de Musharraf y la consideró en la práctica una "mini ley marcial". A la par, la aclamada Bhutto se sorprendió de que ella no haya sido detenida, pero lamentó y criticó con dureza que muchos de sus ayudantes o compañeros hayan sido puestos en custodia.
La opinión internacional también se ha mostrado disconforme con la medida de Musharraf. La proclamación del estado de excepción ha sido criticada duramente, entre otros, por la Unión Europea, Rusia y los Estados Unidos. Es precisamente la crítica de esta medida que se realiza desde los Estados Unidos, principal aliado de Pakistán, la que más sorprende. Condoleezza Rice calificó esta situación de "muy lamentable" pero aseguró que no iban a retirar el apoyo militar a este país porque su posición geográfica es muy importante en su lucha contra el integrismo islámico. Sin embargo también se asegura que "Estados Unidos respalda al pueblo de Pakistán en su apoyo a un proceso democrático y en el combate contra el extremismo violento".
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